Michoacán necesita, sin dilaciones, mecanismos que garanticen la seguridad y la justicia.
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Es un hecho que se ha avanzado notablemente en este tema; las reformas constitucionales de junio de 2008 y junio de 2011 marcan un antes y un después en la historia de la justicia y del derecho en nuestro país.
Sin embargo, los avances que existen en las entidades federativas del país, son dispares y en algunos casos, dramáticamente precarios.
Estamos convencidos que las políticas públicas federales solamente podrán echar raíz si, desde lo local, se trabaja en la misma sintonía y con los métodos que ya han probado su eficacia.
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