Situación del sistema penitenciario en tamaulipas

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CENTROS DE RECLUSIÓN Y POBLACIÓN

De acuerdo con datos de 2014 de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), el Sistema Estatal Penitenciario de Tamaulipas está integrado por 7 penales, denominados Centros de Ejecución de Sanciones (Cedes); de los cuales 3 son de administración estatal y 4 federales, con capacidad para 7 mil 50 internos y una población penitenciaria de 6 mil 421 internos.

Cifra que coloca a la entidad en el lugar número 13 del listado de poblacional penitenciaria, al contar con el 2.9 % del total de reclusos a nivel nacional.

Del total de los internos, 5 mil 281 lo son por haber cometido delitos del fuero común; de los cuales mil 534 están procesados y 3 mil 734 sentenciados.

Respecto a los internos por la comisión de delitos del fuero federal, se contabilizan mil 140; de los cuales 452 están procesados y 688 sentenciados.

PROBLEMÁTICA DEL SISTEMA PENITENCIARIO ESTATAL

No obstante que el sistema cuenta con capacidad suficiente para albergar a la población de internos bajo su reguardo y disponer de 629 espacios de reclusión sin ocupar, el reporte 2014 del Sistema Penitenciario Nacional señala que 4 de los 7 penales enfrentan problemas de sobrepoblación:

  1. El Cedes de Ciudad Victoria, con capacidad para mil internos y que alberga en sus celdas a mil 349 internos; presentando una sobrepoblación de 349 internos (34.90%).
  2. El Cedes de Reynosa, con capacidad para mil 400 internos y que alberga a mil 640 internos; presentando una sobrepoblación de 240 internos (17.14%).
  3. El Cedes de Nuevo Laredo, con capacidad para mil 300 internos y que alberga a mil 430 personas; presentando una sobrepoblación de 130 personas (10%).
  4. El Cedes de Tula, con capacidad para 50 internos y que alberga a 56; presentando una sobrepoblación de 6 internos (12%).


En tanto que los Cedes de Matamoros, Altamira y Jaumave no presentan problemas de sobrepoblación; situación que devela una mala distribución de la población penitenciaria en el estado.

SITUACIÓN HISTÓRICA

A partir de la secuencia histórica de evaluación proporcionada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), a través de su Diagnóstico Nacional del Sistema Penitenciario (DNSP), el Sistema Penal tamaulipeco acusa un comportamiento variable con tendencias a la baja y calificaciones que denotan un tránsito de inestabilidad y crisis a partir del año 2011.

En 2006, de acuerdo con los criterios de evaluación utilizados por la CNDH, integrados a partir de la evaluación de 5 rubros, 39 temas, 259 indicadores y 514 subindicadores, que permiten obtener una escala de calificación del 0 al 10 a partir del nivel de respeto de los derechos humanos que se tenga en los centros que se visitan, el Sistema Penitenciario de la entidad obtuvo una calificación reprobatoria de 5.66.

Sin embargo, de 2007 a 2010, reflejó una considerable mejora, al obtener de manera continua calificaciones aprobatorias de 7.00 (2007), 7.58 (2008), 7.75 (2009) y 8.4 en 2010; para entrar en una marca caída en los años posteriores, al obtener calificaciones reprobatorias de 5.88 en 2011, 5.67 en 2012, 5.37 en 2013 y 5.14 en la evaluación más reciente, que corresponde al año 2014.

LOS EFECTOS DE LA CRISIS

La situación de inestabilidad en la administración penitenciaria estatal se vio reflejada notoriamente en 2012, cuando el DNSP le otorgó a la entidad la calificación más baja a nivel nacional por las condiciones de ingobernabilidad existentes en sus centros penitenciarios. DESTACÁNDOSE EL CENTRO DE EJECUCIÓN DE SANCIONES DE ALTAMIRA, que DESDE 2010 HA MANTENIDO EN ALTOS NIVELES DE VIOLENCIA ENTRE SU COMUNIDAD DE INTERNOS Y LA EXISTENCIA DE AUTOGOBIERNOS; situación que ha propiciado la generación de disturbios de grandes proporciones, como el ocurrido en enero de 2012, DONDE 31 INTERNOS FUERON ASESINADOS Y 13 MÁS RESULTARON HERIDOS. En tanto que, en octubre de 2013, 7 reos más murieron y 2 resultaron heridos como producto de una riña entre ellos.

Sin embargo, no es el único caso registrado en dicho centro penitenciario, pues producto de su disfuncionalidad administrativa, el control operativo del penal a pasado a manos de los internos, muchos de los cuales están vinculados con grupos de la delincuencia organizada; quienes, en los hechos, mantienen el autogobierno del penal.

Lo que les permite controlar a la población penitenciaria, así como preparar y perpetran delitos desde el interior de las instalaciones, como lo evidencia el hecho de que en junio de 2013, durante un operativo para la revisión de celdas en el penal de Altamira, fuerzas federales y estatales aseguraron 16 teléfonos celulares, 40 cargadores para teléfonos celulares, 29 baterías para teléfono celular, 34 pipas para fumar, un cargador de radio y 36 armas punzocortantes hechizas. Situación que se encuentra asociada con el señalamiento realizado por el Observatorio Nacional Ciudadano en su Informe sobre Delitos de Extorción, publicado en diciembre de 2014, de que 50% de las extorciones telefónicas en el país se realizan desde este penal.

Pero éstos no son los únicos casos de violencia ocurridos en los penales tamaulipecos ni el de Altamira el único centro donde ocurren:

  1. En junio de 2011, durante una conferencia de prensa ofrecida para denunciar la muerte de 7 internos y la fuga de 59 más de la cárcel de Nuevo Laredo, la Secretaría de Gobernación reportó que durante el periodo marzo de 2010 y mayo de 2011, se habían fugado 400 reos de las cárceles de Tamaulipas, debido a la corrupción de autoridades carcelarias.
  2. En octubre de 2011, una riña en el penal de Matamoros, dejó un saldo de 20 muertos y 12 herido.
  3. En octubre de 2012 en el Cedes de Matamoros, una riña entre bandas dejó como saldo 20 internos muertos y 12 lesionados.
  4. En febrero de 2015, un amotinamiento en el penal de Altamira, dejó como saldo dos internos muertos y un número no cuantificado de heridos.


NOTA TÉCNICA

La calificación otorgada por el Diagnóstico Nacional del Sistema Penitenciario se integra a partir de la evaluación de 5 rubros, 39 temas, 259 indicadores y 514 subindicadores, permitiendo obtener una escala de calificación del 0 al 10, a partir del nivel de respeto de los derechos humanos que se tenga en los centros que se visitan.

Dichos derechos se clasifican en:

  1. 1. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL DEL INTERNO (capacidad de alojamiento y población existente, distribución y separación de internos, servicios para la atención y mantenimiento de la salud, supervisión por parte del responsable del Centro, prevención y atención de incidentes violentos, y de tortura y/o maltrato).
  2. 2. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA (existencia de instalaciones suficientes, capacidad de las mismas, condiciones materiales y de higiene de las instalaciones, así como la alimentación).
  3. 3. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD (normatividad que rige al Centro, personal de seguridad y custodia, sanciones disciplinarias, autogobierno, actividades ilícitas, extorsión y sobornos, así como capacitación del personal penitenciario).
  4. 4. REINSERCIÓN SOCIAL DEL INTERNO (integración del expediente jurídico-técnico, clasificación criminológica, separación entre procesados y sentenciados, Consejo Técnico Interdisciplinario, actividades laborales y de capacitación, educativas, deportivas, beneficios de libertad y vinculación con la sociedad).
  5. 5. GRUPOS DE INTERNOS CON REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS (mujeres, adultos mayores, indígenas, personas con discapacidad, internos con VIH/SIDA, personas con preferencias sexuales distintas e internos con adicciones.

     
   
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