La detención del “Chapo” Guzmán demuestra la utilidad que tiene el uso de la tecnología en el combate al crimen organizado, tanto para la localización y captura de un delincuente, como para la elaboración de mapas de vínculos que permiten profundizar en las investigaciones y en la identificación del mayor número de personas involucradas en una banda criminal.

Sin lugar a dudas, muchas cosas quedan por aclarar sobre la detención de Joaquín “el Chapo” Guzmán. Líderes de opinión, actores políticos y especialistas en temas de seguridad discutirán al respecto durante las próximas semanas y la ciudadanía podrá tener elementos para conocer con más detalle el proceso de investigación que permitió su captura.

Un punto a resaltar de este hecho es el relacionado con el uso de la tecnología como coadyuvante en la investigación de delitos y en la lucha contra la delincuencia organizada. Desde antes de presentar la propuesta para que se legislara la denominada “Ley de Geolocalización”, he sido un convencido de que en la lucha contra el crimen se requieren utilizar, como prioridad, todos los mecanismos tecnológicos y científicos disponibles para agilizar los trabajos de inteligencia, prevenir la comisión de delitos y dotar al Estado de una mejor capacidad de respuesta ante el crimen organizado.

La detención del “Chapo” Guzmán (que de acuerdo con versiones oficiales fue ubicado mediante el rastreo de una llamada telefónica que realizó desde un teléfono satelital a uno de sus subordinados) demuestra la utilidad que tiene el uso de la tecnología en el combate al crimen organizado, tanto para la localización y captura de un delincuente, como para la elaboración de mapas de vínculos que permiten profundizar en las investigaciones y en la identificación del mayor número de personas involucradas en una banda criminal.

Más allá de los cuestionamientos de quienes impugnaron las normas de geolocalización recientemente validadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sustentadas en el riesgo de violar derecho a la privacidad, con esta detención se comprueba que el uso de la tecnología se utiliza para la localización de celulares o dispositivos móviles que son empleados para delinquir o que son utilizados por un delincuentes, con la finalidad de lograr su ubicación y captura, sin que esto implica una violación a la intimidad de las personas.

Por ello, y como hemos venido insistiendo, debemos usar este tipo de tecnologías para mejorar las estrategias en la lucha y prevención de delitos de alto impacto y demandar a las autoridades que hagan efectivas las obligaciones impuestas a las empresas de telefonía en las normas de geolocalización siguiendo los criterios establecido en la Ley y en la reciente resolución de la Suprema Corte: 1) tener dispositivos de localización georreferencial, 2) identificar el lugar de donde salen las llamadas de amenazas e informar al Ministerio Público que solicitó este dato lo antes posible y 3) bloquear de forma inmediata los equipos reportados como robados o extraviados para ser usados con fines delictivos.

En el mismo sentido, es necesario que operen de manera regular los dispositivos que impiden la entrada y salida de llamadas de celulares desde las cárceles del país, ya que mientras los delincuentes puedan corromper a las autoridades para “bajar el switch” o aprovechar su burocratismo y su negligencia que ha impedido la instalación y operación de estos dispositivos en todos los penales del país, miles de mexicanos seguirán siendo extorsionados por reclusos, además de que las redes de comunicación entre líderes de bandas continuarán activas.

Si bien la pelota está en la cancha de las autoridades para lograr una aplicación eficaz y puntual de las normas de geolocalización, en México SOS estaremos atentos y vigilantes para que estas medidas se lleven a cabo de manera puntual y respetando los derechos humanos.

Por: Alejandro Martí

Fecha de Publicación: 26 de febrero del 2014

Fuente: Animal Político