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La Laguna, ¿caso de éxito en seguridad?
México SOS, 15 de mayo, 2019.
Por su ubicación geográfica, que incluye más de 300 kilómetros de frontera con los Estados Unidos, sus 17 cruces internacionales, de los 32 que tiene México con nuestros vecinos del norte, incluyendo la garita de Nuevo Laredo, la más importante de la zona (por donde transitaban un millón 600 mil camiones de carga en 2015), sus cinco ciudades fronterizas (Nuevo Laredo, Miguel Alemán, Reynosa, Río Bravo y Matamoros) y su extensa costa oceánica de más de 420 kilómetros que bordean el Golfo de México y hacen frontera con el norte de Veracruz, Tamaulipas es un estado que goza de las mejores condiciones para la realización de las más diversas actividades económicas.
Pese a ello, sumando la privilegiada importancia de su alto desarrollo comercial, manufacturero, agropecuario, ganadero, pesquero, minero, industrial y turístico, que en 2016 aportó al país el 3% del Producto Interno Bruto Nacional; junto con su privilegiada posición geográfica y auge económico, también padece la histórica presencia y el embate de los más diversos y peligrosos grupos delictivos, que en su evolución han abarcado desde los tradicionales contrabandistas de alcohol, electrodomésticos y bisutería, los de goma de opio, marihuana y armas, hasta los más sofisticados, como el cártel de Matamoros, encabezado por el sempiterno Juan N. Guerra; que al paso de los años devino en el Cártel del Golfo (CDG) y su terrorífico brazo armado: Los Zetas.
El CDG, organización integral del narcotráfico que en su afán de controlar el abastecimiento de cocaína hacia los Estados Unidos inició su expansión a nivel nacional para disputar las rutas de las drogas que estaban en poder de sus competidores y que, con el fin de fijar los precios del mercado internacional y ensanchar sus actividades delictivas, desencadenando una guerra de aniquilación con sus rivales de los otros cárteles que operaban en la zona, que convirtió a la entidad en un escenario de violencia y horror que ha afectado su vida integral durante las dos últimas décadas.
A partir de los movimientos de expansión y confrontación con sus adversarios, de la escisión de Los Zetas como su brazo armado y posterior rivalidad, la actividad delictiva del CDG se diversificó en el estado e inició una ola de homicidios, secuestros, feminicidios, cobro de piso, extorsiones, plagio de migrantes (nacionales y centroamericanos), bloqueos carreteros, enfrentamientos armados a plena luz del día entre fuerzas de seguridad y delincuentes y entre bandas rivales de estos mismos, migración de miles de tamaulipecos a causa de la violencia; robo de hidrocarburos y diversos delitos del fuero común, que se fueron incrementando hasta convertir al estado y un número importante de sus 43 municipios en zonas de alto riesgo.
Destacadamente, se cuentan los municipios de Tampico, Ciudad Victoria (capital del estado) San Fernando, Matamoros, Reynosa y Nuevo Laredo, que se encuentran dentro del corredor de la ruta de la droga de la zona Golfo; así como Río Bravo, Altamira, El Mante y Ciudad Madero. Algunos de los cuales han sido colocados, durante los últimos años, dentro del ranking de las ciudades más violentas y peligrosas: no sólo de México, sino del mundo.
Sin soslayar la importancia de los esfuerzos institucionales, que comprenden la realización de cientos de operativos preventivos, la creación de brigadas de protección civil y de consejos regionales de participación ciudadana, nos importa señalar que, bajo estas circunstancias, valientes ciudadanos e integrantes de un muy variado grupo de organizaciones de empresarios, funcionarios de gobierno, religiosos y defensores de los derechos humanos, anteponiendo sus fundados temores al interés por rescatar la seguridad de sus ciudades, poner a resguardo la suya propia y la de sus familiares, de sus bienes y libertades; han ofrecido una esforzada lucha de resistencia en muchos de los municipios mencionados, a través de sus denuncias, colaboración con las fuerzas de seguridad y desarrollando diversas formas de auto organización para enfrentar los efectos del fenómeno delictivo desde lo local y estatal.
Es así como a lo largo de los últimos años, Tamaulipas nos ha regalado el ejemplo de una intensa lucha de actores sociales y gubernamentales, dentro de los que se destacan el Observatorio y Consejo ciudadanos, organizaciones defensoras de derechos humanos, comités vecinales, cámaras empresariales y de comercio, algunas organizaciones religiosas y, de manera particular, las Mesas de Seguridad y Justicia (MSJ) de Reynosa, Ciudad Victoria, Tampico-Madero-Altamira, El Mante y Nuevo Laredo, que han desplegado sus mejores esfuerzos individuales y colectivos para contener y revertir los efectos de la violencia e inseguridad en sus ciudades y sus vidas; estas MSJ forman parte de la Red Nacional de Mesas de Seguridad y Justicia, que operan en 15 entidades federativas y son coordinadas por México SOS.
Al conjugar experiencias propias y compartidas, dichas expresiones organizativas, en coordinación con las instituciones de seguridad y justicia, y los tres niveles de gobierno, han logrado obtener resultados que esperanzan y hacen suponer que, con responsabilidad, corresponsabilidad y esfuerzos coordinados, es posible devolverle al estado las condiciones de seguridad y paz que la delincuencia les había arrebatado.
Es así como a partir de 2017, de manera gradual pero sostenida, la espiral de inseguridad y violencia que afectaba a algunos de los municipios y regiones más emblemáticos ha sido contenida, inyectándole dinamismo y crecimiento comercial a la entidad. Situación que se observa en la recuperación y generación de empleos, en el incremento de las inversiones extranjeras, en el crecimiento de la actividad turística, en el regreso de más de mil empresarios en la zona metropolitana de Tampico-Madero-Altamira, que habían emigrado del estado a causa de la violencia, por la estimulante recuperación de la afluencia turística que registró el estado en la pasada temporada de Semana Santa pero, sobre todo, por decrecimiento de los índices delictivos que registró el estado entre marzo de 2018 y febrero de 2019.
Datos que, conforme al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, dan cuenta de la disminución de las tasas de homicidio doloso, secuestro, robo de vehículos, robo a casa habitación en el estado, durante el periodo mencionado.
Si bien los resultados obtenidos hasta la fecha no son para echar las campanas al vuelo, si alimentan la confianza en los mecanismos de trabajo que articulan los esfuerzos de las autoridades e instituciones gubernamentales con las organizaciones de la sociedad civil. Es decir, que ante los embates de la delincuencia organizada una bien aceitada relación entre gobierno y sociedad promete rendir frutos en el mediano plazo.
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