Al finalizar el ciclo académico de 2014, México contaba con mil 608 instituciones de educación superior que ofrecían la licenciatura en Derecho y en los últimos tres años el número de escuelas de Derecho en el país ha crecido a un ritmo de tres por cada dos semanas
Fuente: El Universal
Estas cifras no deben enorgullecernos. No son buenos datos ni para México, ni para el Estado de derecho, ni para la profesión jurídica. ¿Por qué? Porque sólo una de estas instituciones figura dentro de las 100 primeras en el mundo. Pero también, porque entre más escuelas de Derecho existan, será mucho más difícil mantener y asegurar la calidad de sus egresados. Dicha calidad depende, en gran parte, de las escuelas, pero seamos honestos, ¿ha sido suficiente? ¿Podemos confiar en que todos los abogados que salen de esas mil 608 escuelas cubrirán los estándares más altos de calidad y los criterios de profesionalización y conducta ética que la profesión jurídica reclama? Ante este panorama debemos tomarnos el tema de la colegiación obligatoria en serio y convertir las malas noticias en noticias.
Mucho se ha dicho que la colegiación sería un mecanismo ideal para garantizar la calidad de los abogados. Sin embargo, el argumento de defensa ha hecho especial énfasis en la salvaguarda de la calidad académica de los abogados. Por supuesto, las instituciones educativas se preguntan si la certificación que ellos hacen, entonces, ya no servirá o si ya no será suficiente. Y de ser así, cuál sería entonces su labor. Creo que esta perspectiva es errónea por incompleta.
Tengamos en mente, primero, que un colegio de abogados debe tener la participación activa de académicos y universitarios. Pero segundo, debemos tener en cuenta que un colegio no verificará a todos y cada uno de los egresados de las escuelas de Derecho ni todas las variables de conocimientos jurídicos. Un colegio sólo autorizaría a aquellos que tengan el deseo de practicar la profesión como defensores, abogados, fiscales o juzgadores. Es decir, aquellos que quieran dedicar su vida y ejercicio profesional al litigio. Por ende, la verificación será relativa a esta clase de conocimiento jurídico. La carrera de Derecho tiene tal versatilidad, que no todo aquel que estudia derecho quiere litigar. Aquellos dedicados a la investigación, a las consultorías o a la administración pública, son ejemplo de ello.
Pero existe otra razón aparte de la certificación de conocimientos, y que se ha pasado por alto. Esta es la existencia de un órgano que verifique la calidad del ejercicio profesional. ¿Cómo asegurar las buenas prácticas entre los abogados? Uno de los elementos más encomiables de la colegiación obligatoria es el de contar con la posibilidad de emitir mecanismos de sanción por el mal ejercicio de la profesión. El primer foco de desconfianza por parte de los individuos es que no tienen una instancia a dónde recurrir para denunciar las malas prácticas de sus abogados. Es verdad que la SEP tiene un área para el desahogo de estas denuncias. Sin embargo, ésta no cuenta con las facultades suficientes como para retirar una licencia o emitir una sanción por malas prácticas profesionales. Sin sanción no podremos mejorar ni garantizar la igualdad de oportunidades jurídicas dentro de un litigio.
Las malas prácticas, he dicho antes, se vuelven endémicas porque son más sencillas de reproducir que las prácticas jurídicamente correctas y honestas. Al no haber estándares fijos de control de calidad, el estándar más bajo se vuelve la regla. Sin embargo, esta situación no sólo desprestigia la profesión, sino que termina por afectar directamente los intereses de la sociedad. Una defensa jurídica es tan buena como el abogado que la prepara; la reforma penal será tan exitosa como los abogados que participen en ella.
@mexicosos
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