La buena noticia es que los senadores decidieron desempolvar el tema y volver a poner el asunto sobre la mesa. La mala es que no hay todavía acuerdos para liberar por fin la nueva legislación.
Fuente: El Universal
http://www.eluniversalmas.com.mx/editoriales/2015/03/75525.php
En respuesta a los hechos ocurridos el pasado 26 de septiembre en Iguala, Guerrero, a principios de diciembre el gobierno federal planteó un decálogo de acciones: entre ellas, envió al Congreso la iniciativa en materia de Seguridad Pública y Justicia, que hasta ayer se mantenía detenida.
La buena noticia es que los senadores decidieron desempolvar el tema y volver a poner el asunto sobre la mesa. La mala es que no hay todavía acuerdos para liberar por fin la nueva legislación.
El modelo que plantea el Ejecutivo no logró consensos. La posición esgrimida por los legisladores es clara y contundente: no hay “coincidencia ni acompañamiento” a la propuesta presidencial. Han pasado prácticamente cuatro meses desde que se conoció la iniciativa y la situación sigue en el mismo punto.
Es válido disentir y mejorar cualquier propuesta; lo cuestionable es el nulo avance en un tema central para la población. ¿Tan difícil es llegar a un punto intermedio que, pese a no ser una reforma ideal, sí beneficie a la población?
Una encuesta de noviembre del año pasado, realizada por EL UNIVERSAL/Buendía&Laredo, mostró cómo —por primera vez en el sexenio actual— la seguridad superó a la economía como el principal tema que preocupa a los mexicanos.
Todos los sectores son afectados. La iniciativa privada, en voz del Consejo Coordinador Empresarial, ya había urgido en febrero a aprobar los pendientes de la agenda legislativa, entre ellos la iniciativa mencionada. En primer lugar de prioridades los empresarios colocaron al Sistema Nacional Anticorrupción y en segundo sitio al paquete de seguridad.
Dos cosas están en juego: la definición de competencias penales y la desaparición de autoridades municipales cuando estén dominadas por el crimen organizado. Sobre la mesa están también el modelo policiaco y los controles de confianza entre el personal de las fuerzas del orden.
El consenso que se alcance al final debe resultar en la adopción de las mejores prácticas que se realizan en la materia a nivel internacional, investigaciones exhaustivas y totalmente imparciales, con el objetivo de garantizar justicia. Lo deseable es que ocurra en este periodo ordinario, aunque sólo faltan 10 sesiones. No puede decirse que el tema adolece de diagnóstico; al menos desde el sexenio pasado se han planteado las mismas inquietudes.
El Senado efectuó consultas con organizaciones, académicos, gobernadores y expertos en el tema. Se escucharon diferentes opiniones, incluso la representación de la ONU participó en los foros. Es el momento de que las voces que rechazan el proyecto oficial planteen alternativas. A seis meses de los hechos de Iguala, ¿cuál es la aportación del Congreso?
