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Guía Para Comprender el Nuevo Sistema de Justicia Penal.
Grupo de Trabajo México-Canadá de Armonización Legislativa/SEGOB/Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal-Ministerio de justicia de Canadá. Sfp.
La reforma en materia de justicia penal y de seguridad pública tiene como objetivo fundamental precisar las bases que deben orientar la implementación de un sistema de justicia penal acusatorio, donde se satisfaga la exigencia de un juicio público y contradictorio, ante un tribunal previamente establecido, con plena vigencia de la oralidad, la oportunidad y la inmediación para cumplir de esa forma con las garantías del debido proceso y salvaguardar efectivamente los derechos de las personas. Para ello se modificaron 10 artículos constitucionales que, en conjunto, representan la propuesta de cambio más importante al sistema de justicia penal mexicano, desde que se promulgó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 1917.
A pesar de los principios y bases constitucionales que contiene la reforma, la distribución de competencias para legislar en materia procesal penal provoca que muchos de sus contenidos sean vistos desde diferentes perspectivas y que sean objeto de diversos criterios de interpretación, lo que, lógicamente, trae como consecuencia que cada uno de estos sea desarrollado de diferente manera y que llegue a ser divergente la terminología empleada, los principios, figuras procesales, procedimientos y medios de impugnación, entre otros aspectos.
Esta Guía, que es producto de una opinión consensuada con operadores en procuración y administración de justicia, representantes de los órganos encargados de la implementación de la reforma en los estados, consejerías jurídicas, defensorías públicas, organismos públicos de derechos humanos, sociedad civil y académicos de cinco estados de la República, ofrece una propuesta de interpretación sobre los principios básicos del nuevo sistema de justicia penal acusatorio, la orientación, contenido, alcance y retos de la reforma que resulta de gran utilidad a los operadores, defensores y asesores jurídicos privados o públicos, abogados, universitarios, así como a los encargados de la implementación de dicho sistema en las entidades federativas. |
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