La seguridad es un bien público que, efectivamente, debe ser provisto primordialmente por el Estado, pero la sociedad también tiene un papel fundamental en la construcción de comunidades seguras. Los gobiernos ni pueden todo ni pueden solos.

El Estado Mexicano no es la corrupción, pero sí que vive una profunda crisis de eficacia institucional que le ha impedido contener la violencia y permitido que las estructuras de gobierno sean penetradas por la delincuencia organizada, debido a actos de corrupción y complicidad delictiva.

En un mundo globalizado es imposible sustraerse de los acontecimientos internacionales, de corte comercial, pasando por aquellos que tiene que ver con las relaciones interculturales y hasta las propias ideologías. En este sentido, es fundamental conocer qué se está haciendo en otros países sobre temas que nos competen directamente como organización de la sociedad civil.

2014 estuvo lleno de acontecimientos que sacudieron a nuestro país y que merecen ser atendidos en toda su importancia. Pero lo urgente no nos debe hacer perder de vista lo importante: la necesidad de construir nuevas instituciones de seguridad y de justicia que reemplacen el modelo caduco que tanto daño nos ha hecho como sociedad.

Los lectores más jóvenes no lo recordarán, pero allá por 1976, cuando no había más que una sola opción en el menú político, el candidato único a la Presidencia, José López Portillo, recorría el país dando elocuentes discursos en los que prometía una nueva era para México. Su lema de campaña era “la solución somos todos”, como una especie de recordatorio de que los graves problemas del país requerían la participación ciudadana. Pero, oh sorpresa, de la campaña al gobierno las cosas cambiaron radicalmente. Y en medio de una grave crisis económica y de la ostentosa corrupción que plagó a la administración de López Portillo, la sociedad terminó mofándose de ese lema, cambiándolo por “la corrupción somos todos”.

Calificado como espíritu rebelde, el preso político más célebre del mundo.

Desplegado sobre la aprobación de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de este delito

Alberto Patishtán Gómez, profesor indígena chiapaneco, cumplió en junio pasado 13 años en prisión de los 60 a que fue condenado, bajo la acusación de haber planeado y participado en la emboscada a una patrulla de policías estatales.