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REQUERIMIENTOS LEGISLATIVOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA GUARDIA NACIONAL Como se ha señalado, la Iniciativa de Ley establece una reforma que contempla la modificación de 13 artículos constitucionales (13; 16; 21; 31; 32; 36; 55; 73; 76; 78; 82; 89 y 123) y la creación de tres nuevas leyes que hagan posible regular el correcto funcionamiento de la Guardia Nacional. Dichas leyes son:
Leyes que de acuerdo con el artículo Primero Transitorio del dictamen de ley, requieren ser legisladas y promulgadas en un plazo máximo de 60 días posteriores a que la reforma constitucional entre en vigor. Cabe señalar que dentro del régimen Transitorio de la Iniciativa de Ley, en su artículo Primero, señala que el Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Con lo que se crearía la Guardia Nacional y en consecuencia, dentro de los 90 días siguientes a la entrada en vigor del Decreto correspondiente, el Congreso de la Unión emitiría la o las leyes pertinentes. En tanto que en el artículo Segundo Transitorio se señala que “en ejercicio de las facultades que constitucionalmente tiene conferidas el Titular del Poder Ejecutivo Federal deberá de expedir las disposiciones de carácter general necesarias para que la Guardia Nacional asuma las funciones señaladas en el artículo dos de la Ley de la Policía Federal, siendo estas: “I. Salvaguardar la vida, la integridad, la seguridad y los derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos; II. Aplicar y operar la política de seguridad pública en materia de prevención y combate de delitos; III. Prevenir la comisión de los delitos, y IV. Investigar la comisión de delitos bajo la conducción y mando del Ministerio Público de la Federación, en términos de las disposiciones aplicables.” Por su parte, el artículo Tercero Transitorio prevé los esquemas y modalidades para la certificación de capacidades y acreditación del control de confianza de los elementos que se adscriban a la Guardia Nacional, así como para su profesionalización y disciplina, garantizando en todo momento el respeto a los Derechos Humanos. En tanto que el Cuarto Transitorio establece que los integrantes de la Policía Militar y Naval que se integren a la Guardia Nacional conservarán sus rangos, así como las prestaciones de acuerdo a su nivel jerárquico y de mando. Finalmente, en el Transitorio Quinto, se hace énfasis en que mientras persista la crisis de violencia e inseguridad en el país, la existencia de la Guardia Nacional se mantendrá; lo anterior, bajo el argumento de que “es obligación del Estado salvaguardar la seguridad de los ciudadanos”. No obstante, se contempla que la función y desempeño institucional de la Guardia Nacional será objeto de revisión por parte del Poder Ejecutivo Federal en coordinación con el Poder Legislativo, una vez que haya transcurrido el plazo de 3 años a partir de su implementación. LOS CUESTIONAMIENTOS Y OPOSICIÓN A LA CREACIÓN DE LA GUARDIA NACIONAL Una vez que fue presentada la iniciativa de ley, un amplio grupo de organizaciones de la sociedad civil, organismos nacionales e internacionales defensores de los derechos humanos, académicos, colectivos, activistas y personalidades que se habían opuesto a la aprobación y promulgación de la Ley de Seguridad Interior durante el gobierno del ex presidente Peña Nieto reactivaron sus protestas contra la política de militarización de la seguridad pública y, ahora, en oposición a la creación de la Guardia Nacional, argumentando que es una “falsa salida” a la crisis de inseguridad que vive el país. Asimismo, cuestionan que el gobierno actual deje fuera del Plan Nacional de Seguridad la atención al desarrollo e incremento de las fuerzas policiales en tareas de seguridad, a pesar de que durante su campaña electoral, Andrés Manuel López Obrador y su equipo reconocieron la necesidad de fortalecer a dichas corporaciones. Al mismo tiempo señalan que, a pesar de las condiciones precarias de salarios, prestaciones e infraestructura y profesionalización que padecen actualmente los corporaciones policiales, no se deben desechar los recursos invertidos durante años en esta materia, redundando en que “Las insuficiencias de nuestras policías se explican no por su incapacidad ni por su corrupción intrínsecas, sino por la indolencia de actores políticos que las han condenado al abandono”. Señalando que con el planteamiento de la Guardia Nacional se ignoran opiniones emitidas por instancias como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y organismos internacionales, para evitar la militarización de las acciones de seguridad.3 Esto último, en relación con las declaraciones emitidas por el presidente de la CNDH, Raúl González Pérez, quien en reunión con la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, celebrada en el marco de la consulta pública realizada a mediados de diciembre pasado, llamó a los legisladores a que se den tiempo de legislar sobre el tema, que permitan la participación de la CNDH y organizaciones de la sociedad civil en la discusión sobre la aprobación de la iniciativa de ley para la creación de la Guardia Nacional y alertando que su aprobación sería una una respuesta “parcial e incompleta al problema de inseguridad”, ya que generaría el riesgo de que se vulneren derechos humanos en el país y que no garantiza de manera sustantiva que se acabe con la impunidad. No obstante, el Ombusdperson nacional reconoció que por el momento no sería viable que el Ejército deje las labores de seguridad, al considerar que su presencia es decisiva en algunas regiones del país.4 Por su parte, el representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab, manifestó, también durante los foros de consulta pública, su desacuerdo con la creación de la Guardia Nacional para “cumplir con tareas de seguridad interior”, señalando que “en caso de que el Congreso de la Unión decida seguir con la iniciativa”, ésta no tenga una vigencia mayor a los cinco años y garantizar que la línea de autoridad sea a través de un mando civil y no militar; es decir, que no forme parte de la SEDENA. Para concluir destacando que el problema de la inseguridad en México se puede resolver “con o sin la introducción de una Guardia Nacional”.5 Tres días después, el 15 de diciembre, Amnistía Internacional se manifestaría en contra de la creación de la Guardia Nacional, mediante su reporte La Guardia Nacional del Presidente López Obrador: Cinco realidades que hay que saber, en el que se señala que la propuesta de AMLO para combatir la violencia y la inseguridad es “una estrategia muy semejante” a la de Gobiernos anteriores y constituye un riesgo para los derechos humanos. Dentro de las cinco realidades que daba a conocer, se señala que:
CRÍTICAS, POLÉMICA Y LA APROBACIÓN DEL DICTÁMEN La propuesta e iniciativa de ley presentada por el presidente de la República y su partido para la conformación de la Guardia Nacional enfrenta, desde su formulación, una férrea oposición; tanto de los partidos de la oposición, de organizaciones y colectivos de la sociedad civil y al menos de una de las más emblemáticas integrantes de la bancada de Morena en la Cámara baja, la diputada Tatiana Clouthier; quiene en diciembre pasado, ante lo que fue leído como una amenaza del Secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, de retirar a las Fuerzas Armadas de las tareas de seguridad que cumplen en diversos estados si la iniciativa de ley no era aprobada, señaló que “con el dictamen que se pretende aprobar en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, tal como está redactado, se está militarizando al país y su presencia en las calles sería permanente”. En suma, el centro de la discusión, cuestionamientos y discrepancias con el proyecto de crear la Guardia Nacional, se localiza en la preeminencia que cumplirían los militares en las tareas de seguridad pública; proceso al que se le ha denominado como militarización, bajo al menos cuatro argumentos:
No obstante las divergencias existentes, el pasado 20 de diciembre la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados avaló un conjunto de modificaciones al proyecto de dictamen para reformar la Constitución y crear la Guardia Nacional. Dentro de las reservas que se avalaron se encuentra la que establece la facultad del Congreso de la Unión para disolver la Guardia Nacional con la mayoría de las dos terceras partes de los miembros presentes en la asamblea de cada una de las dos Cámaras que lo integran. Asimismo, se aprobaron, en lo general, siete artículos transitorios, entre los que se especifica que mientras persista la crisis de violencia en el país y por un periodo máximo de cinco años, la Guardia Nacional estará adscrita a la dependencia del ramo de la Secretaría de la Defensa Nacional. No obstante, derivado de la inconformidad manifiesta de las organizaciones de la sociedad civil, colectivos de activistas, partidos políticos y organismos defensores de los derechos humanos, los coordinadores de las bancadas representadas en la Cámara de Diputados acordaron aplazar la discusión del dictamen en el Pleno de la Cámara y abrir una nueva ronda de audiencias públicas (la primera se realizó del 11 al 13 de diciembre de 2018) convocando para ello a legisladores, alcaldes, gobernadores y especialistas en la materia a fin de discutir las reformas constitucionales durante la segunda semana del mes de enero. COMENTARIOS La polémica sobre la creación de la Guardia Nacional para enfrentar al crimen organizado y la crisis de seguridad que afecta al país, ha recobrado nuevos brios al iniciar el año 2019, ampliando el debate sobre el camino a seguir para el diseño de las instituciones y políticas públicas de seguridad que se aplicaran durante el presente sexenio, con el propósito de “garantizar la paz y la tranquilidad en el país atendiendo las causas que originan la inseguridad; apoyando el fortalecimiento amplio y plural de las familias; asegurando empleo y educación a todos los jóvenes mexicanos”. Situación que se agudizó a partir de la convocatoria realizada por el presidente López Obrador, quien el 2 de enero presentó el programa para el reclutamiento de jóvenes, mayores de 18 años, quienes formarán parte de la nueva Guardia Nacional, señalando que se pretende reclutar en tres años “un total de 50 mil jóvenes; durante el presente año solamente corresponderá captar 21 mil 170 elementos, destinados, bajo responsabilidad de la Secretaría de la Defensa Nacional, 14 mil y por la Secretaría de Marina, 6 mil”.7 Anuncio que provocó una airada respuesta de los partidos políticos representados en el Congreso, quienes en voz de la secretaria de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, consideraron que la convocatoria lanzada por el Gobierno Federal para reclutar a 50 mil jóvenes a fin de que se integren a la Guardia Nacional era una “falta de respeto al Poder Legislativo”, puesto que la discusión en en el Congreso estaba pendiente y las consultas públicas, que servirán para conocer la posición de los gobernadores, alcaldes y organismos de la sociedad civil para analizar los pros y los contras de tener una Guardia Nacional, aún no se realizaba y porque no existía una resolución de parte del Poder Legislativo, además de calificar la convocatoria emitida por el jefe del Ejecutivo como de ilegal.8 Si bien las rispideces avivaron la desconfianza hacia la iniciativa gubernamental, las descalificaciones de los partidos políticos y comentarios de algunos actores sociales se han suavizado, aunque los desacuerdos de las organizaciones de la sociedad civil que se opusieron a la aprobación de la Ley de Seguridad Interior mantienen su oposición a la creación de la Guardia Nacional insistiendo en que la medida no resuelve la crisis de inseguridad, relega la profesionalización de las corporaciones policiales en el país y mantiene la tendencia a militarizar las políticas de seguridad pública en el país. Situación que obliga a analizar brevemente la propuesta formulada por el gobierno federal sobre lo que se entiende y pretende con la creación de la Guardia Nacional, sobre sus alcances y limitaciones. Conforme al Dictamen realizado a finales de diciembre pasado, la Guardia Nacional es definida como "una institución del Estado que participa en la salvaguarda de la libertad, la integridad y el pleno ejercicio de los derechos de todas las personas, protegiendo su seguridad, sus bienes, así como preservar el orden, la paz pública, los bienes y recursos de la Nación”. En su diseño institucional se le perfila como una corporación híbrida, cuyo mando y estructura será totalmente castrense, y cuya formación se realizará en dos vertientes: a) con mística y capacitación militar, y b) con conocimientos y desarrollo de estrategia policiales dirigidas a la vinculación social, pero bajo la administración de un mando civil de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Lo cual significa que la administración y nominal mando de la Guardia Nacional va a quedar bajo la Secretaría de Seguridad y todo el régimen interno de ascensos, disciplina y organización estará a cargo de la Defensa Nacional.9 Criterio que se refleja en las adiciones contempladas en el artículo 31 constitucional previstas en el proyecto de Dictamen aprobado en diciembre pasado que, a la letra, señalan que: “Las políticas, planes y estrategias en materia de seguridad pública, estarán a cargo de la dependencia del ramo”; y que “La guardia Nacional, en el ámbito de su competencia, deberá coordinarse en el desempeño de sus funciones con las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia de la Federación, las entidades federativas y los municipios. Con lo que se establece que el accionar de la corporación quedará inscrito en el ámbito del fuero común. Es decir, que sus protocolos, actuaciones y haberes, así como sus eventuales faltas administrativas o penales, estarán bajo la tutela de las autoridades civiles. En tanto que en materia de la atención a delitos del fuero federal, se adiciona el Artículo 21 Constitucional para establecer que: “La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función. Tratándose de hechos que pueden ser constitutivos de delitos del orden federal, la Guardia Nacional actuará bajo la conducción jurídica del Ministerio Público Federal”. Condición que elimina del proyecto inicial la limitante para que la Guardia Nacional sólo atienda delitos federales y tenga participación en la atención a delitos del ámbito local. También, se contempla establecer un plazo de un plazo de dos años para que las entidades federales elaboren un diagnóstico sobre el estado de fuerza con que cuentan, para que determinen el tipo de modificaciones que necesiten o pudieran necesitar y una reglamentación que establece sanciones para las entidades que incumplan con la implementación de políticas específicas para el desarrollo de sus corporaciones policiales. Además de contemplarse la creación de mecanismos para regular el uso de la fuerza al que deberá sujetarse la Guardia Nacional, el Dictamen señala que ésta quedará formalmente constituida una vez que se apruebe la reforma constitucional, especificando que su entrada en operación se realizaría hasta que se apruebe la Ley Orgánica en la materia. En suma, se puede advertir que las modificaciones al proyecto de dictamen para reformar la Constitución y crear la Guardia Nacional, aprobadas el 20 de diciembre por Morena, Partido del Trabajo y Encuentro Social, fueron permeadas por los desacuerdos manifestados por las fuerzas opositoras en el Congreso y por las protestas de los colectivos ciudadanos, propiciando que se incorporaran algunas consideraciones hechas por los legisladores de los partidos de oposición, propiciando que se trasladara la discusión en el Pleno de la Cámara de diputados hasta el inicio del nuevo periodo de sesiones y abriendo la posibilidad de ampliar la discusión para conocer las opiniones, propuestas y consideraciones de los gobernadores, alcaldes, especialistas en la materia y organizaciones de la sociedad civil, mediante una segunda ronda de foros de consulta pública. Como resultado, se vislumbra una amplia posibilidad de que la Reforma Constitucional propuesta por el Gobierno para crear la Guardia Nacional sea aprobada, en lo particular y en lo general, aunque con modificaciones y adiciones que emergerían tanto de las disposiciones adoptadas por el propio Gobierno –quien el 9 de enero anunció que había enviado una solicitud a la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidiendo apoyo para capacitar a los elementos que conformarán la Guardia Nacional–,10 de las propuestas que hagan los actores políticos y civiles antes mencionados, así como de los acuerdos que se alcancen en la discusión de las reservas formuladas por el conjunto de los partidos representados en la Cámara de Diputados durante la próxima sesión del Pleno. Así se desprende de las declaraciones y posicionamientos que en lo particular y en lo general realizaron los gobernadores y alcaldes invitados a participar el los foros de discusión celebrados el 8 y 9 de enero. En lo general, los gobernadores del PRI, PAN y PRD se pronunciaron a favor de la creación de la Guardia Nacional, pero siempre y cuando sea bajo un mando civil y no militar. También, pidieron que se revisen algunos aspectos establecidos en la iniciativa de ley, entre ellos, los temas relacionados con el federalismo, la evaluación y el control de los futuros integrantes de la Guardia Nacional, argumentando que existen ambigüedades y reglas que no están claras. En lo particular, el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, se manifestó a favor de la creación de la Guardia Nacional bajo un formato híbrido, que involucre la participación de la sociedad civil. En tanto que su homólogo de Colima, Alejandro Peralta, demandó que la creación de la Guardia esté apegada a los principios federalistas que rigen al país y que ello no signifique una injerencia del Gobierno federal en competencias de gobiernos locales y estatales en temas de seguridad. En conjunto, los mandatarios priístas advirtieron que la Guardia Nacional no solucionará por sí misma el problema de la inseguridad y la violencia, demandando que se implemente simultáneamente una estrategia de capacitación de policías locales y de prevención del delito. En el mismo sentido se manifestó el gobernador de Michoacán, el perredista Silvano Aureoles, quien consideró necesario fortalecer la capacitación de policías estatales y municipales, así como poner temporalidad a la Guardia Nacional en su funcionamiento y plazos a los Gobiernos locales para que mejoren a sus cuerpos policiacos. Por su parte, el panista Francisco Domínguez Servién, gobernador de Querétaro, demandó que la creación de la Guardia Nacional y en la estrategia de seguridad del gobierno federal se tomen en cuenta las particularidades y necesidades de cada estado.11 En tanto que al inicio de la sesión de consulta en la que participaron 11 alcaldes el presidente de la Asociación Nacional de Alcaldes, y ejecutivo local de Huixquilucan, estado de México, Enrique Vargas del Villar, manifestó que la seguridad es el reclamo más importante de la ciudadanía; por ello, “apoyamos la creación de la Guardia Nacional, pero con los ajustes que den mayor certeza jurídica y claridad en su operación”. Además de subrayar que ese cuerpo de seguridad debe ser encabezado por un mando civil y no militar, y haciendo énfasis en que se deben respetar las competencias de los diferentes órdenes de gobierno y definir la participación de fuerzas armadas, su temporalidad y margen de acción. Afirmando que los presidentes municipales “no buscamos deslindarnos de las tareas de seguridad, más bien proponemos un mando mixto y apostar por la prevención, así como fortalecer los fondos destinados a este rubro”; y cuestionando que en la propuesta no se plantea apoyar a las policías locales. Por su parte, la alcaldesa del municipio de Chihuahua, María Eugenia Campos, señaló que “la política pública de muchos municipios en el país sí funciona para mejorar la seguridad pública”, por lo que “no necesitamos de una Guardia Nacional que venga con una visión completamente externa, alejada a kilómetros de distancia a decir qué es lo que pasa en nuestra ciudad, con nuestros ciudadanos, para protegerlos". En sentido contrario, el presidente municipal de Ecatepec, estado de México, Fernando Vilchis Contreras, señaló que las estrategias de seguridad que se han implantar han fallado: “A los cuerpos locales los ha vencido la corrupción, por lo que es importante dar eje central a la Guardia Nacional”. “En nuestro municipio la gente tiene confianza en cuerpos militares porque vivimos una situación en la que se están creando sub gobiernos, en los cuales la autoridad no puede entrar a brindar servicios para la población”. En tanto que la presidenta municipal de Puerto Morelos, Quintana Roo, Laura Lynn Fernández Piña, recalcó que la inseguridad es el principal problema de México, y los gobiernos municipales deben acompañar las propuestas federales y estatales. “La solución de fondo es compleja y requiere la participación de los tres poderes y órganos de gobierno”. No obstante, se pronunció por no militarizar la seguridad pública, sino apoyarse en las fuerzas armadas en una etapa y con acotamientos. “No se pueden otorgar todas las competencias, recursos y facultades a un cuerpo militarizado, porque representaría un riesgo para los derechos de las personas”. En su turno, Raúl Morón Orozco, alcalde de Morelia, Michoacán, enfatizó la mala coordinación con el gobierno estatal. “En nuestro caso, existen problemas de huachicoleo y nos hemos ayudado de cuerpos federales, pero requerimos una policía municipal óptima y con mayor capacidad de fuerza”. Indicando que no hay cuerpos municipales; no se cumplen estándares de la Organización de las Naciones Unidas, ni de organismos nacionales. “Hoy lo que se necesitan son resultados, mediante una estrategia distinta porque lo que se hacía no funcionó”. Laura Beristain Navarrete, presidenta municipal de Playa del Carmen, Quintana Roo, resaltó la importancia de fortalecer a las corporaciones de las localidades que son atractivos turísticos relevantes. “De concretarse, la Guardia Nacional deberá coordinarse con las instituciones de seguridad de los otros órdenes de gobierno”. Agregando que hasta el momento no se ha respetado la autonomía de los ayuntamientos, ni hay diálogo con el gobernador de su estado; así como demandar que se destinen más recursos para profesionalizar a las corporaciones. Mientras que el presidente municipal de Mérida, Renán Barrera, señaló que se deben respetar los recursos que se entregan a los municipios y no castigar a las autoridades que sí cumplen con su trabajo. Señalando que la política de otorgar mayor presupuesto a los municipios que presentan mayor índice delictivo y menr a quienes no presentan ese problema se ha constituido en un incentivo perverso que alimenta la inestabilidad en materia de seguridad en el país, demandando que “se estabilicen los presupuestos”.12 En suma, los 11 alcaldes que participaron en la consulta manifestaron su apoyo a la creación de la Guardia Nacional bajo un mando civil y a favor de la profesionalización de las policías locales, a fin de evitar la militarización de la seguridad pública, además de respeto a la autonomía de los municipios. LA RUTA LEGISLATIVA Para dar cause legal a la creación de la Guardia Nacional se necesita aprobar la reforma a 13 artículos de la Constitución, situación que demanda del voto de 330 de los 500 legisladores que integran la Cámara de Diputados y de a 85 de los 128 senadores para obtener lo que se conoce como mayoría calificada. Adicionalmente, para que proceda la reforma constitucional, se requiere que el Dictamen de ley sea aprobado tanto en las dos Cámaras que integran el Congreso de la Unión y en 17 de los 32 congresos locales; quienes deberán aprobar la ley por mayoría absoluta (50% + 1) de los diputados asistentes a cada una de sus sesiones. En la Cámara de Diputados, la fracción de Morena, que es la primera minoría, requiere contar con 20 votos más de los que acumula junto con sus aliados del Partido del Trabajo (PT) y Encuentro Social, que suman 314, para alcanzar los 334 que se requiere para contar con la mayoría calificada. No obstante, se espera que con la suma de los 11 diputados del Partido Verde Ecológista de México y 10 de los diputados del Partido de la Revolución Democrática (PRD), que antes apoyaron las iniciativas presentadas por Morena para aprobar la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal que posibilitó la creación de la figura de los Coordinadores Estatale o “superdelegados”, entre otras iniciativas. En tanto que en el Senado, en caso de que Morena, que cuenta con 59 escaños, lograra sumar los votos de sus aliados en la Cámara de Diputados —PT, PES, PVEM—llegaría a 76 votos, necesitando 9 más para alcanzar la mayoría calificada (85 de 128). El panorama en los congresos locales resulta más complicado, pues Morena tiene mayoría en seis de ellos y cuenta con aliados en otros 10 más que, en el hipotético caso de que lograra obtener votaciones a favor de su iniciativa , requeriría contar con el apoyo de un congreso local más para que la Guardia Nacional sea aprobada bajo reconocimiento constitucional. SITUACIÓN FINANCIERA En caso de que las reformas constitucionales que se discutirán en la Cámara de Diputados a partir del 16 de enero llegaran a aprobarse en los términos antes comentados, le correspondería a la SEDENA contratar, capacitar y dirigir a los nuevos elementos que integrarían la Guardia Nacional, por un periodo de cinco años. Considerando que el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, contempla para la SEDENA una partida presupuestal de 2 mil millones de pesos para el pago de los salarios de los 21 mil 170 elementos que se espera reclutar durante el año en vigor, conforme al anuncio realizado por el presidente López Obrador; con lo cual, sobre la base de un cálculo aventurado, se desprendería que los elementos de la Guardia Nacional recibirían salarios inferiores a los 10 mil pesos mensuales. Situación que se equipara con los salarios que reciben el 42% de los policías de todo el país y con la diferencia de que dichos elementos tendrán mayores responsabilidades, pues deberán dar cumplimiento a órdenes de aprehensión, cateo e investigación. Situación que, de origen, hace suponer las dificultades que se enfrentaran para cumplir el ofrecimiento hecho por AMLO, quien anunció “que quienes ingresen a la Guardia Nacional participarán en la consolidación de una nueva institución, al mismo tiempo, que obtendrán diversos beneficios y prestaciones que contribuirán a lograr de manera sustancial a dar certidumbre a su proyecto familiar y personal como son: estabilidad laboral, un sueldo digno y seguro de vida, educación y desarrollo profesional, alojamiento, alimentación, vestuario y equipo, vacaciones, gastos de transporte, seguro médico integral para ellos y sus familias”.13 POST ESCRITUM La batalla del gobierno federal en contra del robo de combustibles confirmó a ojos de buena parte de la sociedad que el compromiso de las nuevas autoridades en la erradicación de la corrupción no fue una mera promesa de campaña sino una propuesta seria en torno a la cual se articula el proyecto de país. Pero la circunstancia también hizo evidente que, de no ser por la participación de las fuerzas armadas en el control de las refinerías y la vigilancia de ductos, el gobierno habría estado inerme frente a la criminalidad. Esta consideración dio mayor credibilidad y un momento adicional a la iniciativa oficialista de reforma constitucional para dar pie de legalidad a la Guardia Nacional, una institución que está propuesta en el Proyecto de Nación 2018-2024 y que constituye uno de los ocho puntos del Plan Nacional de Paz y Seguridad presentado en noviembre del año pasado por el entonces gobierno electo. Tanto en lo parlamentario como en lo mediático, la oposición a esta corporación está sobrerrepresentada y sobredimensionada y parte del desconocimiento de la propuesta o de una manifiesta mala fe que pretende homologar la creación de la Guardia Nacional a la criminal estrategia de seguridad de Felipe Calderón y a la por fortuna malograda Ley de Seguridad Interior (LSI) elaborada por el peñato. Se omite –por ignorancia o de manera deliberada– que la primera involucró a las fuerzas armadas en el combate a la delincuencia como instrumento casi único, en una lógica de aniquilamiento militar de un enemigo representado por los cárteles del narcotráfico, en tanto que el plan lopezobradorista proyecta una corporación militarizada pero formada específicamente para desempeñar tareas policiales y que habrá de ser complementaria a medidas de bienestar social, laborales, educativas, judiciales y penales, a un proceso de pacificación y a una redefinición de las drogas y del fenómeno delictivo en general. En cuanto a la LSI, hay que recordar que preveía la implantación del estado de excepción, es decir, la suspensión de garantías y derechos, algo que en el proyecto lopezobradorista no aparece por ningún lado. Otra de las consideraciones equívocas para oponerse en automático a la Guardia Nacional es que los militares son los responsables últimos de graves atropellos y violaciones a los derechos humanos perpetrados del 68 en adelante –guerra sucia, contrainsurgencia en Chiapas, masacres campesinas de tiempos de Zedillo, represión y guerra de Calderón y Peña Nieto–, cuando en realidad las decisiones que condujeron a esas atrocidades fueron tomadas por mandos civiles; concretamente, por el presidente en turno. Distintas, pero concatenadas, la lucha contra el huachicol y la conformación de la Guardia Nacional son las dos primeras batallas del gobierno de la Cuarta Transformación. Las va ganando. El 16 de enero de 2019 fue aprobado en la Cámara de Diputados el Proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diferentes disposiciones de nuestra Constitución Política en materia de Guardia Nacional y se envió la Minuta respectiva a la Cámara de Senadores para su discusión y eventual aprobación, situación. Dentro de las modificaciones al proyecto original, aprobado el 20 de dicembre de 2018. 1Manrique Gandaria, Presentan 8 mil amparos contra la Ley de Seguridad Interior, El Sol de México, 8 de mayo de 2018, consultado en: https://www.elsoldemexico.com.mx 2Gaceta Parlamentaria, Proyecto de Dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales, EN SENTIDO POSITIVO, sobre la INICIATIVA con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona los artículos 13; 16; 21; 31; 32; 36; 55; 73; 76; 78; 82; 89 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de GUARDIA NACIONAL, Cámara de Diputados, 14 de diciembre de 2018, consultado en: http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/nov/20181120-II.html#Iniciativa225 3Organizaciones piden a AMLO no crear Guardia Nacional; es una falsa salida a crisis de inseguridad, dicen, Animal Político, 20 de noviembre de 2018, consultado en: https://www.animalpolitico.com/ 4CNDH: Guardia Nacional es riesgo para los derechos humanos y no garantiza el fin de la impunidad, Sin Embargo, 13 de diciembre de 2018, consultado en: https://www.sinembargo.mx/13-12-2018/3510309 5Alejandra Canchola y Horacio Jiménez, La Guardia Nacional debe durar sólo 5 años: ONU-DH, El Universal, 12 de diciembre de 2108, consultado en: https://www.eluniversal.com.mx 6Amnistía Internacional lanza acción urgente mundial por la Guardia Nacional de México, SinEmbargo, 19 de diciembre de 2019, consultado en: https://www.sinembargo.mx/19-12-2018/3513166 7Axel Avendaño, AMLO abre convocatoria para Guardia Nacional, Línea Directa, 2 de enero de 2019, consultado en: https://lineadirectaportal.com 8Convocatoria para Guardia Nacional, “una falta de respeto”: PAN; es un paso para regresar militares a cuarteles: Morena, Aristegui Noticias, 3 de enero de 2019, consultado en: https://aristeguinoticias.com 9Arturo Ángel, Los cambios clave en la propuesta de Guardia Nacional que fue aprobada en comisiones, Animal Político, 20 de diciembre de 2018, consultado en: https://www.animalpolitico.com 10Solicita México a ONU apoyo para capacitar a Guardia Nacional, El Diario de México, 9 de enero de 2019, consultado en: https://diario.mx 11Alejandra Canchola, Manuel Espino y Ricardo Moya, Respaldan 12 gobernadores Guardia Nacional; piden mando civil, El Universal, 9 de enero de 2019, consultado en: http://www.eluniversal.com.mx 12Cámara de Diputados, Exponen alcaldes de todo el país ante diputados sus posturas sobre la Guardia Nacional, Boletín 0857, 9 de enero de 2019, conultado en: http://www5.diputados.gob.mx/index.php 13Jorge Monroy, AMLO convoca a 50,000 jóvenes para sumarse a la Guardia Nacional, El Economista, 2 de enero de 2019, consultado en: https://www.eleconomista.com.mx |
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