Estimados miembros del Presídium, estimados colegas, señoras y señores, buenas tardes.

Iniciaré mi participación con un ejercicio de memoria, con el propósito de testimoniar, en lo que cabe, algunos acontecimientos de la vida pública que nos han permitido transitar este largo camino para transformar nuestro sistema de justicia penal y enfrentar los altos índices de violencia y criminalidad que aún nos aquejan.

A principios de agosto de 2008, ante la ola de secuestros de alto impacto y el creciente estado de inseguridad que existía en varias ciudades del país, por iniciativa de un grupo de organizaciones de la sociedad civil y empresariales de varios estados, un grupo de organizaciones de la sociedad civil, víctimas y familiares de víctimas del delito, convocaron a la ciudadanía a realizar la Marcha de la Indignación, para demandar a nuestras autoridades que implementaran medidas urgentes para frenar la violencia criminal e impunidad que nos aquejaba.

En respuesta a esta iniciativa ciudadana, días después la Secretaría de Gobernación convocó a los gobiernos estatales, municipales y actores de la sociedad a suscribir un Acuerdo Nacional por la Legalidad y la Seguridad.

Fue así que el 21 de agosto de ese año, en el marco de la Vigésima Tercera Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, se firmó dicho acuerdo, cuyo objetivo era consolidar la seguridad pública como una política de Estado, convocando a todos, autoridades y sociedad civil , a integrar un frente común contra la violencia y la criminalidad, para recuperar las condiciones de seguridad que demandábamos y seguimos demandando los mexicanos todos.

Dicho acuerdo fue suscrito por los Poderes Ejecutivos, Federal y estatales, el Congreso de la Unión, el Poder Judicial Federal, representantes de las Asociaciones de Presidentes Municipales, los medios de comunicación, las organizaciones de la sociedad civil, empresariales, sindicales y religiosas.

Tras de la firma del ACUERDO NACIONAL POR LA SEGURIDAD, LA JUSTICIA Y LA LEGALIDAD, en los tres años subsecuentes se realizaron al menos dos rondas de dialogo entre académicos y organizaciones de la sociedad civil con el Poder Ejecutivo para realizar un diagnóstico sobre la inseguridad (agosto de 2010) y para escuchar las demandas y reclamos de los familiares de las víctimas de la llamada lucha contra el narcotráfico, que fueron encabezadas por el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, de Javier Sicilia, y tuvieron lugar en junio y octubre de 2011, bajo la demanda de que el Jefe del Ejecutivo realizara cambios a la estrategia de seguridad que se venía instrumentando; para demandar la legislación y aprobación de una Ley de Protección a Víctimas del Delito –que en 2012 sería aprobada como Ley General de Atención y Protección a las Víctimas– y para oponerse a la aprobación de la reforma a la Ley de Seguridad Nacional, que buscaba institucionalizar el uso del Ejército en las tareas de seguridad pública.

Sin menoscabo de los logros alcanzados a partir de las iniciativas antes señaladas, es importante centrarnos en las características del ACUERDO NACIONAL POR LA SEGURIDAD, LA JUSTICIA Y LA LEGALIDAD, firmado en 2008, pues bajo esta figura se aprobaron mecanismos de trascendental importancia, que En la formulación del Acuerdo Nacional se reconocían, entre otras cosas:

• “QUE LA SOCIEDAD MEXICANA SE ENCONTRABA AGRAVIADA POR LA IMPUNIDAD, LA CORRUPCIÓN, LA FALTA DE COORDINACIÓN ENTRE LAS AUTORIDADES Y POR UN AMBIENTE DE INSEGURIDAD Y VIOLENCIA”.
• “(…) QUE EL ESTADO ENFRENTA EL DETERIORO INSTITUCIONAL DE LOS ORGANISMOS ENCARGADOS DE LA SEGURIDAD PÚBLICA, LA PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA, COMO PROBLEMAS DESATENDIDOS A LO LARGO DE DÉCADAS”.
• “(…) EN MUCHOS CASOS, DEBIDO A LA PENETRACIÓN DE LA DELINCUENCIA EN LOS ÓRGANOS DE SEGURIDAD Y A LA COMPLICIDAD DE ALGUNAS AUTORIDADES CON LOS CRIMINALES(…)”.

• 1. QUE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD ES UNA POLÍTICA DE ESTADO.
• 2. QUE LA COORDINACIÓN, COOPERACIÓN E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN ENTRE LOS TRES PODERES DE LA UNIÓN Y LOS TRES ÓRDENES DE GOBIERNO ES CONDICIÓN INDISPENSABLE PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD PÚBLICA;
• 3. QUE CADA UNO DE LOS PODERES Y CADA UNO DE LOS ÓRDENES DE GOBIERNO DEBE EJECUTAR LA PARTE QUE LE CORRESPONDE, EN EL MARCO DE SUS ATRIBUCIONES, PARA CUMPLIR LOS COMPROMISOS ASUMIDOS DE ACUERDO CON LAS METAS Y LOS TIEMPOS CONVENIDOS;
• 4. QUE CADA COMPROMISO PARTICULAR SUSCRITO POR LOS FIRMANTES DEL ACUERDO DEBERÍA HACERSE DEL CONOCIMIENTO DE LA SOCIEDAD E INCLUIRÍA MECANISMOS TRANSPARENTES DE RENDICIÓN DE CUENTAS, CON BASE EN UN SISTEMA DE INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN, Y;
• 5. QUE EL ACUERDO DEBÍA TENER UNA VIGENCIA DE LARGO ALCANCE, QUE TRASCENDÍA LA TEMPORALIDAD DEL ENCARGO DE QUIENES LO SUSCRIBIERAN.