El pasado 2 de diciembre acudí, como representante de México SOS, a la realización de las audiencias públicas a que convocó la Comisión de Justicia del Senado de la República, para hacer del conocimiento de los senadores las observaciones que tenemos las organizaciones de la sociedad civil, académicos y especialistas que dedicamos nuestros esfuerzos a promover la transformación y fortalecimiento de las instituciones del país encargadas de la administración e impartición de justicia, sobre la iniciativa de Ley de Ejecución Penal que tienen en sus manos. El propósito e que conozcan nuestras propuestas y abran una ronda de discusión con todos los interesados para que juntos integremos la mejor propuesta técnica que nos permita avanzar, sin obstáculos, hacia la instauración en todo el país de un eficaz sistema de impartición y administración de justicia y un modelo de seguridad pública eficiente, cuyo plazo constitucional para su instauración vence en junio de 2016.

Como es del conocimiento de nuestros lectores, en las sociedades democráticas la realización de audiencias públicas dentro de los Parlamentos o Congresos son una metodología de trabajo que permite a los legisladores establecer un diálogo abierto con la ciudadanía, con organizaciones de la sociedad civil y expertos en los temas que se discuten; convirtiéndolas en uno de los mecanismos de deliberación colectiva con que contamos los ciudadanos para participar en el diseño de las leyes que están encaminadas a resolver los problemas que el devenir nos plantea, para construir una sociedad más incluyente, abierta, respetuosa de los derechos humanos y que nos brinde la posibilidad de disfrutar de una vida más libre y justa.

El comentario me sirve para recordar que desde 2005, en medio de una de las recurrentes crisis de violencia criminal e inseguridad que ha venido padeciendo nuestro país, y ante el airado reclamo de la sociedad que demandaba a nuestras autoridades ponerle freno a esta terrible circunstancia, diversas organizaciones civiles, académicos, operarios del sistema de impartición de justicia y algunas instancias gubernamentales, se propusieron promover la transformación y fortalecimiento de las instituciones del país para que pudiéramos contar con un eficaz sistema de impartición y administración de justicia y un modelo de seguridad pública eficiente. Tanto para enfrentar las causas que generaron la violencia criminal, la crisis de seguridad y disminuir los índices de incidencia delictiva, como para restablecer las condiciones de estabilidad y paz social que requerimos los mexicanos para el ejercicio de nuestros derechos.

Es así como después de un intenso ejercicio de deliberación, negociación y construcción de acuerdos, en el que convergieron los esfuerzos responsables de los tres ordenes de gobierno y los tres Poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), la academia, especialistas en la materia y numerosas organizaciones civiles, la sociedad mexicana pudo encontrar el camino para emprender el rediseño institucional de nuestro sistema de justicia penal y de seguridad pública mediante la promulgación de una Reforma constitucional que entró en vigor a partir de junio de 2008.

Como sabemos, la Reforma sienta las bases para transitar hacia un sistema penal acusatorio que establece los derechos de las víctimas, de los imputados y de quienes estén cumpliendo una sentencia, del cumplimiento del debido proceso, la incorporación de los juicios orales y la implementación de la justicia restaurativa.

Asimismo, mediante la Reforma se eleva a rango constitucional el derecho a la presunción de inocencia, se promueve una profunda transformación institucional a nivel federal y estatal (que está sujeta a la aprobación de otras reformas legislativa) que comprende la construcción de infraestructura judicial específica (salas de juicios orales), la incorporación de tres nuevos tipos de jueces (de control de garantías, de juicio oral y ejecución de penas), de prácticas innovadoras entre quienes conforman el sistema (jueces, agentes del Ministerio público, policías, defensores, peritos y abogados) y la integración de un factor fundamental que, se espera en un breve tiempo, contribuya a eficientar la operación de todo el sistema de justicia penal y a descongestionar el sistema penitenciario.

Me refiero, por supuesto, a la discusión, aprobación y puesta en vigor de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que constituye una parte fundamental para la operación integral del nuevo sistema. Pues mediante su aplicación se hará posible que el debido proceso no se agote en la imposición de una sentencia a las personas que resulten responsables de la comisión de un delito, permitiendo que los jueces responsables de la ejecución penal cuenten con facultades para verificar que en la imposición de sentencia se garantice el derecho a la justicia de manera expedita y transparente, se respeten los derechos de las personas que cumplirán con una condena y que las condiciones de vida que privan en los centros de reclusión no atenten contra la dignidad humana.

En este sentido, quiero comentar que desde hace unos meses, México SOS convocó a un grupo de especialistas, organizaciones de la sociedad civil, académicos y operadores del sistema de justicia penal de 6 estados de la República, para trabajar en el diseño de una propuesta de ley que recoge e incorpora las mejores prácticas en la materia, con el propósito de obtener una ley que subsane las deficiencias con las que opera el viejo sistema de impartición de justicia inquisitivo, y contribuya a consolidar el nuevo sistema.

Con apego a una metodología de trabajo ya ensayada y probada, que nos ha dado la oportunidad de trabajar en propuestas como la modificación a la Ley General de Víctimas, la del Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro y la Ley de Geolocalización, entre otras; hemos realizado un nuevo esfuerzo colectivo en el que participan especialistas como Ana Aguilar García, Octavio Amezcua Noriega, Gustavo Adolfo González Buendía, Jesús Héctor Grijalva Tapia, Sofía M. Cobo Téllez, Fernanda Dorantes, Miguel Sarre, Eduardo Guerrero, Saskia Niño De Rivera, Luis Alejandro Durán, que está encaminado a generar la mejor ley posible en materia de ejecución de penas.

Una ley que quizá resulte ambiciosa para algunos pero que, sin duda, también es realista frente al reto de dar respuesta puntual al desafío que representa contar con un sistema penitenciario sobresaturado, altamente deficitario y generador de corrupción e impunidad. Y lo digo consciente de saber que, en muchos sentidos, a los problemas asociados con la sobrepoblación carcelaria, la falta de infraestructura adecuada, de clasificación y separación de los internos en función de su peligrosidad, del tipo de delito cometido y el estatus legal en que se encuentran (procesados o sentenciados centros), debemos las condiciones donde se asienta la corrupción en los centros penitenciarios, el surgimiento de bandas que controlan los servicios a que tiene derecho los reclusos, la instauración de autogobiernos o cogobiernos carcelarios que controlan el tráfico de drogas dentro de ellos, el cobro de cuotas y maltrato a los presos y sus familiares, propician el incremento de riñas, motines y fugas, además de promover y realizar actividades delictivas desde los reclusorios.

La persistencia de esta situación en la vida de los centros penitenciarios (federales, estatales y municipales) ha propiciado que se hable de una crisis que demanda urgente atención, bajo el riesgo de que la reforma del sistema de justicia penal en ciernes se vea colapsada por no aplicar medidas oportunas y adecuadas en la materia. De ese tamaño es el reto que nos ocupa y la firme convicción de participar, desde Mexico SOS y sus equipos de especialistas y operarios, en el diseño y aprobación de la mejores leyes en nuestro país.

Autor: Orlando Camacho Nacenta
Fecha: 08 de Diciembre 2014