27 de feb. De 2014

La reforma constitucional aprobada en 2011 tiene un significado profundo en la lucha por la protección y defensa de los derechos humanos en méxico, pues no sólo significó un cambio para sustituir el añejo concepto de garantías individuales por el de derechos humanos, sino que sus modificaciones incorporan los principios del derecho internacional a la normatividad nacional para garantizar su protección y establecer obligaciones puntuales que el estado debe cumplir frente a ellos.

En su conjunto, los referentes antes señalados son de innegable importancia para la vida pública, pero más lo es destacar las implicaciones que conlleva el contenido del artículo 1 constitucional para salvaguardar la dignidad de las personas y la vida social de todos los mexicanos.

En su párrafo inicial, el artículo 1 reitera, de manera categórica, la prohibición de la esclavitud dentro del territorio nacional y establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en nuestra constitución política y en los tratados internacionales de los que el estado mexicano sea parte.

Bajo esta premisa, se establece la obligación estatal de crear las condiciones adecuadas para promover, respetar, proteger y garantizar todos los derechos humanos y poner al mismo nivel de la constitución los tratados internacionales que se hayan suscrito en la materia, por una parte, y por otra, obliga a las autoridades de todos los niveles, para que, en el ámbito de sus competencias, implementen las medidas necesarias para prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley y con el fin último de brindar a las personas la protección más amplia posible.

Desde esta óptica podemos decir, sin temor a equivocarnos, que la reforma sobre los derechos humanos constituye una piedra de toque en el proceso civilizatorio en que históricamente estamos empeñados los mexicanos para construir una sociedad plenamente democrática y regida por un sólido estado de derecho.

Desde otras fronteras, pero con el mismo propósito e interés, en México SOS, como organización de la sociedad civil, hemos puesto nuestros mejores esfuerzos para consolidar un mejor sistema de seguridad y de justicia, que ponen en el centro de interés el respeto por la dignidad de las personas y la defensa de los derechos humanos.

Con este propósito superior, dentro de nuestra actividades hemos impulsado la creación de nuevas leyes que contribuyen al fortalecimiento de la vida institucional del país pero, sobre todo, que buscan garantizar la certidumbre y equidad jurídica de todos los mexicanos.

A lo largo de 5 años de actividad ininterrumpida, hemos sido promotores de la ley general de geolocalización, promotores y participantes activos (junto con el movimiento por la paz con justicia y dignidad) de la comisión revisora de la ley general de víctimas. Propuesta que fue aprobada con las modificaciones que formulamos, evitando que se volviera una ley inoperante.

También, hemos elaborado un diagnóstico crítico sobre de la nueva ley de amparo. ¿con qué propósito?

Más recientemente integramos y promovimos una propuesta de código nacional de procedimientos penales, a fin de consolidar un sistema de justicia penal transparente y eficaz, que garantice la realización del debido proceso, que proteja los derechos de las víctimas, los ofendidos e imputados. Como es de todos conocido, dicho código fue aprobado en la cámara de diputados el pasado 5 de febrero y estaremos vigilantes de que los fines para los que fue creado se cumplan cabalmente.

Señoras y señores, compañeros de las organizaciones de la sociedad civil, amigos todos. En méxico sos saludamos todos los esfuerzos que se ralizan para impulsar el fortalecimiento de nuestro estado de derecho y para lograr la consolidación de nuestra democracia. Sobre nos congratulmos de todas aquellas iniciativas que ponen en el centro de la atención la protección de los derechos humanos y la dignidad de las personas.

No obstante, nos queda claro que el valor verdadero de todas estas iniciativas no fructificara si sus receptores, que no son otros que la sociedad toda y las personas que la integramos, no asumimos el compromiso activo de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos en todos los ámbitos de nuestra vida cotidiana y bajo todas las circunstancias sociales en las que nos involucremos.

No podemos, no debemos medir nuestros actos con el doble racero de defender los derechos humanos públicamente y violentarlos de manera privada. El reconocimiento y protección de los derechos humanos es una tarea de todos, de la sociedad y el estado. Por lo tanto, no podemos ni demos claudicar en esta lucha, pues los logros alcanzados hasta el momento forman parte de la lucha por enaltecer nuestra humanidad.

Muchas gracias por su atención.