La formación profesional de las unidades antisecuestro y la creación de la figura del Zar Antisecuestro son necesarias para acabar con este flagelo que lacera a nuestro país

Por: México SOS

Por su número y recurrencia en todo el territorio nacional, la privación ilegal de la libertad o secuestro es uno de los delitos graves que afectan al conjunto de la sociedad mexicana.

A los devastadores efectos sobre las víctimas de este delito ⎯que atenta contra su libertad, su patrimonio y su vida⎯ habrá que agregarle las dolorosas implicaciones que tiene para sus familias y las comunidades a que pertenecen, en primer lugar. Y, en segundo, que al multiplicarse como fenómeno delictivo, el secuestro trastoca la convivencia social y acentúa entre la ciudadanía la percepción de inseguridad, cambios en sus formas de relacionarse socialmente, psicosis, la sensación de abandono de parte de las autoridades y la creciente convicción de falta de gobernabilidad. Expresión, ésta, cifrada en la pérdida de confianza en nuestras instituciones de seguridad, acusaciones de indolencia en el actuar de nuestras autoridades gubernamentales, falta de eficacia en el ejercicio de sus funciones y en la responsabilidad que tienen con toda la sociedad.

Ahora que, si bien es cierto que como fenómeno social el secuestro no es privativo de nuestro país, sí lo es el que su incremento en las últimas décadas ha contribuido a colocar a México como uno de los lugares, dentro del continente, donde la ciudadanía está más expuesta a sufrirlo y, a principios de este año, a ocupar el nada honroso segundo lugar a nivel mundial dentro de los países con el más alto índice de delitos en esta modalidad, de acuerdo con la investigación realizada en 2012 por la prestigiosa consultora internacional Control Risk y publicada en enero pasado.

No obstante, existen matices que debemos resaltar. A partir de 2008, con la firma del Acuerdo Nacional de Seguridad, que contó con la aprobación de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, federales y estatales, además del aval de destacados empresarios, medios de comunicación, sindicatos y organizaciones de la sociedad civil que trabajan en este ámbito, se han dado pasos firmes para la integración y operación de políticas públicas encaminadas a combatir los delitos de alto impacto social, entre ellos el secuestro.

Derivado de lo anterior, en junio de 2011, en el marco de la trigésima sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, sus integrantes se comprometieron a implementar las medidas necesarias para el abatimiento de los delitos más graves en el país, poniendo énfasis en las medidas antisecuestro. Meses más tarde, durante la trigésima primera sesión (octubre de 2011), se tomó el acuerdo de contribuir al proceso de conformación de las Unidades Especializadas de Combate al Secuestro, estableciendo que cada entidad federativa debería concluir con la evaluación del desempeño del personal que integra sus corporaciones policiacas y la aplicación de los controles de confianza a más tardar en 2012.

A dos años de esta disposición, los resultados no han sido los esperados. No obstante, se ha logrado avanzar en la instauración de las Unidades Especializadas de Combate al Secuestro y obtener resultados positivos en algunos estados, donde se destaca el establecimiento de acuerdos de colaboración y cooperación con las organizaciones de la sociedad civil que trabajamos en el ámbito de la seguridad pública, para implementar estrategias de fortalecimiento en el combate de los delitos de alto impacto social; así como la captura de algunos líderes de organizaciones criminales, que han hecho del secuestro y privación de la liberad de personas sin fines económicos, su segunda actividad preponderante después del tráfico de drogas.

Sin embargo, la realidad da muestras de la insuficiencia de estas medidas, pues de acuerdo con cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), el promedio de secuestros a nivel nacional durante el presente año es de 132; es decir, casi 4.5 diarios. Pero más aún, de acuerdo con la evaluación realizada por el Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC) en su Estudio del mes de junio de 2013, sobre las denuncias de los delitos de alto impacto, no existe de manera pública un programa nacional para prevenir y erradicar este delito.

Ante tal situación, en México SOS consideramos de urgente necesidad demandar a los tres niveles de gobierno la aplicación de medidas expeditas para consolidar la adecuada y eficaz operación de las Unidades Antisecuestro, pues tenemos conocimiento de los grandes avances que se ha dado en la materia en algunos estados, como es el caso de Chihuahua y Baja California, por citar un par de ejemplos. En el primero, la tasa anualizada de secuestros ha disminuido gradualmente de 6.7 casos por cada cien mil habitantes en 2009 a 1.3 en 2012, manteniendo esta última tendencia al mes de agosto de 2013; en tanto que en Baja California en 2009 la tendencia era de 103 denuncias de secuestro y a agosto de 2013, el número disminuyó a 13 casos.

Asimismo, pugnamos por crear un organismo de coordinación nacional, que recaería en la figura de un Zar Antisecuestro, con autoridad y facultades legales suficientes, para coordinar la operación de las Unidades Antisecuestro y coordinarse con la Policía Federal, la SEIDO y las fuerzas armadas en el combate a este flagelo que sigue aquejando a nuestra sociedad, y que se realicen adiciones a la actual Ley a Favor de las Victimas del Secuestro para dar sustento legal a la No Prescripción de este delito y establecer que se le persiga de oficio.

Autor: México SOS
Fecha: 06 de Noviembre 2014
@MEXICOSOS