La reforma de justicia penal ante un momento crucial: concluir bien y a tiempo

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A 13 meses de que concluya el plazo fijado para la implementación de la Reforma Constitucional en Justicia Penal -de 8 años- apenas 6 de las 32 entidades federativas operan de manera total en el Nuevo Sistema de Justicia Penal, mientas 24 lo hacen de forma parcial.



Hoy cumplimos casi 7 años de haberse promulgado la Reforma Constitucional para la Justicia Penal. El plazo para su implementación es de 8 años, es decir, nos quedan escasos 13 meses para terminar con tan importante transformación en el país.

El tránsito de un sistema anquilosado al nuevo sistema ha sido tarea dura, pero ha valido la pena. Hemos caminado poco a poco, pero con éxito, de un sistema de justicia que todos conocemos y que de alguna forma aborrecemos por injusto, lento y corrupto, que no le sirve ya a la población, hacia un sistema de impartición de justicia transparente y abierto. ¿Qué hace y qué es el nuevo sistema de justicia? Dentro de muchas otras cosas, contempla los juicios orales en vez de los escritos que tan agobiantes son; también cuentan con un sistema de justicia alternativa que, a modo de ejemplo, propone que en vez de mandar a un individuo a la cárcel -si el delito no es grave y el delincuente es primodelincuente (primera vez que delinque)- puede llegar a arreglos entre las partes, incluyendo la reparación del daño. Incluso como parte de la pena, se contemplan trabajos de servicio público, atención especializada para adicciones, entre otras.

En otras palabras, nuestro nuevo sistema de justicia será más parecido a lo que vemos en las películas y que, a veces, ver estos juicios en la televisión ha hecho que la población pueda desear y mirar a otro tipo de justicia.

Con el Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP), los juicios, en algunos estados de la República, ya son transparentes y públicos.

¿Y cómo vamos en la implementación?

De acuerdo a datos de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (SETEC), el avance en los estados es como sigue:

Seis estados operan de manera total en el NSJP: Chihuahua, Morelos, Estado de México, Durango, Yucatán y Nuevo León.

Cuatro estados operan a NIVEL FEDERAL: Durango, Puebla, Yucatán y Zacatecas.

30 estados operan a nivel local el Sistema Procesal Penal Acusatorio (SPPA).

Existen dos estados que tiene altísimos niveles de rezago: Sonora y Baja California Sur.

Durante estos 7 años, hemos trabajado muy duro organizaciones civiles y gobierno, logrando también una valiosísima cooperación internacional impulsados por la SETEC, con organismos de EUA, Canadá, Chile, España y la Unión Europea, con la finalidad de fortalecer las capacidades institucionales tales como: normatividad, capacitación, reorganización institucional, equipamiento, difusión, evaluación, seguimientos, etcétera.

El total de la población cubierta con el SPPA a nivel nacional es de casi 70 millones de personas.

30 de las 32 entidades federativas aplican los principios y derechos del SPPA, 6 de forma total y 24 parcial.

Se cuentan con 2483 docentes certificados en el NSJP.

Se validaron 17 planes y programas de estudio.

De 2010 a 2014 se han capacitado:

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PERFIL CAPACITADOS
Jueces 5980
Defensores 5946
Administradores de Sala 772
Agentes del Ministerio Público 12699
Mediadores y conciliadores 2485
Peritos 4550
Policías 22260
Personal del Sistema Penitenciario 4011
Abogados litigantes 3116
Periodistas y comunicadores 621
TOTAL 62440

La reforma está funcionando, pero falta mucho aún; precisamente este 21 y 22 de mayo se realiza el VII Foro de Seguridad y Justicia, evento que desde la sociedad civil hemos impulsado durante estos 7 años, especialmente México SOS, RENACE y la Red Nacional de Juicios Orales, en el que se pondrán sobre la mesa las prácticas exitosas que sirven de modelo para quienes no han completado la implementación y para que puedan corregir quienes tienen fallas en su implementación.

Las expectativas de alcanzar la meta son altas y posibles. Los tres Poderes de la Unión, los gobiernos estatales, los académicos y la organizaciones sociales, no debemos desistir de los esfuerzos y ni rehuir la responsabilidad que nos corresponde a cada uno para transformar, en la práctica, la justicia en nuestro país. Ese es el tamaño del reto durante los próximos 390 días, este es el principio de la gran carrera hacia un México más seguro y más justo.

Por: Alejandro Martí

Fecha de Publicación: 20 de mayo, 2015

Fuente: Animal Político

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