A pesar del mandato constitucional que establece que en junio de 2016 concluya la implementación de la reforma de justicia penal en todo el país, a febrero del presente año solamente 16 entidades habían iniciado su proceso de transición hacia el sistema acusatorio.
Desde su formulación, discusión y aprobación en el Congreso, en 2008, la reforma al sistema de justicia penal ha suscitado un amplio debate sobre las bondades, limitaciones y expectativas que devela. Debate que no se reduce a la academia o a los círculos políticos e institucionales, sino que ha impactado positivamente a un significativo núcleo de la sociedad mexicana. Lo cual no debe de extrañarnos, pues cabe recordar que en la demanda de reforma al viejo sistema, muchas de las iniciativas, elementos normativos y operativos que se incorporaron al nuevo diseño jurídico han sido propuestos e impulsados por organizaciones de la sociedad civil. Quienes, además, cumplen un importante papel en el seguimiento y evaluación de los avances y obstáculos que enfrenta el proceso de implementación en los estados y en el ámbito federal.
En el Reporte de Hallazgos para el Seguimiento y Evaluación de la Implementación y Operación del Nuevo Sistema de Justicia Penal en México, estudio realizado por el Centro de Investigación para el Desarrollo A.C. (CIDAC), se evidencia que a pesar del mandato constitucional que estableció que se concluyera la implementación de la reforma en todo el país a más tardar en junio de 2016, a febrero del presente año solamente 16 entidades habían iniciado su proceso de transición hacia el sistema acusatorio.
Dentro de esos 16 estados, sólo tres han reportado su operación total bajo el nuevo modelo (Chihuahua, Estado de México y Morelos) destacándose Chihuahua, que en cierto sentido ha resultado ser “el alumno más aplicado” por los logros alcanzados; en tanto que en los 13 restantes: Guanajuato, Zacatecas, Durango, Baja California, Oaxaca, Yucatán, Nuevo León, Tabasco, Chiapas, Puebla, Veracruz, Coahuila y Tamaulipas, opera parcialmente, reportando avances muy variados de efectividad y eficiencia.
A menos de dos años de que venza el tiempo constitucional y considerando que los estados más avanzados tardaron entre 18 meses y 5 años en concretar los cambios establecidos, nos encontramos en una situación que demanda tomar medidas radicales para acelerar el proceso de instauración en los estados de Jalisco, San Luis Potosí, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Aguascalientes, Baja California Sur, Tlaxcala, Colima Guerrero, Hidalgo y Nayarit, quienes se comprometieron públicamente en emprender la tarea durante 2014; en tanto que el Distrito Federal, Michoacán y Campeche lo harán en 2015 y Sonora en 2016.
Una medida acertada para acortar los plazos y obtener resultados acordes con la necesidad que se vive en la materia, podría derivarse de que las entidades con retraso recuperen y/o se apoyen en las experiencias de aquellas que ya han concluido la tarea o que muestran avances importantes, como un mecanismo multiplicador de necesaria colaboración y coordinación para consolidar el tan anhelado proyecto nacional de contar con un modelo de justicia penal eficiente, transparente y respetuoso de los derechos humanos.
No podemos olvidar que de la mano de las reformas legales que ya operan quedan algunas medidas pendientes de concretarse, como es la aprobación de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, la integración, discusión y aprobación de una nueva Ley contra la Delincuencia Organizada, la de Ejecución de Sanciones, de Justica Penal para Menores de Edad y Adolescentes, emprender el proceso de armonización legislativa y diseñar los manuales y protocolos de actuación para la operación de las policías de investigación y peritos, entre otras más.
Sumado a lo anterior, hay que insistir en que la reforma no se reduce solamente a una modificación jurídica, sino que su implementación incorpora cambios y novedades organizacionales en las instituciones que integran el sistema, asigna novedosas funciones a los actores directos e indirectos que lo conforman (ministerios públicos, defensores, fiscales, jueces, abogados, magistrados, policías, peritos) e incorpora nuevas figuras operativas y procesos, con lo que se rompe el viejo círculo conceptual que centraba todo el proceso judicial en manos de los profesionales del derecho, para incorporar a profesionistas de otras áreas, tecnologías y procesos administrativos inexistentes hasta entonces.
Por tal razón, de manera simultánea a todo el andamiaje jurídico, resulta de trascendental importancia la puesta en marcha de la ruta crítica que involucra todos los procesos (administrativos, tecnológicos, de capacitación, de gestión, etcétera) para que efectivamente opere la reforma no sólo en la norma sino en la práctica, teniendo siempre como principal motor al ciudadano, quien es el usuario primario de este nuevo sistema. Solamente así podrán arraigarse nuevos valores, principios, habilidades y actitudes a fin de que los operadores del sistema puedan desempeñar adecuada y eficazmente las funciones que les corresponde y contribuir con ello a que la reforma penal se instaure, consolide y cristalice.
Simultáneamente, es impostergable emprender una permanente campaña de difusión e información, con la participación comprometida de todos los medios de comunicación, sobre los principios, etapas y mecanismos que comprenden los juicios orales y las ventajas que ofrece a la sociedad el contar con un sistema de justicia penal de corte acusatorio; que las universidades e institutos de estudios superiores que imparten la carrera de derecho aceleren los cambios curriculares a sus programas de estudio para incorporar la enseñanza del nuevo sistema de justicia y homologar los planes de estudio a nivel nacional; que los gobiernos y congresos de los estados con retraso en la instauración de la reforma refrenden, con hechos tangibles, su compromiso de apresurar las tareas correspondientes para cumplir con el plazo establecido constitucionalmente, y al Congreso de la Unión y los partidos políticos que se comprometan a impulsar la aprobación de las leyes pendientes y acelerar los procesos de discusión para el diseño de las faltantes.
Es de reconocerse que han sido y son muchos los esfuerzos realizados para que se concreten las metas y objetivos que establece la reforma, y que en ello muchas autoridades de gobierno, legisladores, operadores del sistema, académicos, medios de comunicación, activistas y organizaciones de la sociedad civil han contribuido fehacientemente para que así sea. No obstante, el tiempo apremia y queda la percepción de que avanzamos a paso lento ante necesidades urgentes que demandan, como compromiso ético, el redoblar esfuerzos; pues no debemos perder de vista que junio de 2016 es la fecha marcada para concluir la instauración, a nivel nacional, del nuevo sistema de justicia penal en México, pero que después de ello iniciaremos la etapa de su consolidación. O sea, todavía nos falta un buen trecho por avanzar.
Por: Alejandro Martí
Fecha de Publicación: 13 de agosto del 2014
Fuente: Animal Político
