Desde su creación, México SOS ha insistido en la necesidad de modificar y modernizar nuestras leyes e instituciones, con el objetivo de garantizar que la justicia sea accesible, transparente e imparcial, y que cumpla con el debido proceso. Por ello celebro que el jueves de la semana pasada el Senado de la República haya aprobado por unanimidad el Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP).

Este código es una respuesta a la grave crisis de inseguridad que vive el país y a los altos índices de impunidad, cuyo origen se remonta al texto original de la Constitución de 1917 que incluía varios elementos del sistema penal acusatorio. El CNPP tiene entre sus fines definir los principios generales que regularán la actuación de los policías, agentes ministeriales, defensores de oficio, abogados litigantes y jueces en la investigación, persecución y procesamiento de cualquier delito, reconociendo en todo momento los derechos de la víctima y los controles del debido proceso.

Esta uniformidad de reglas procesales que serán aplicadas desde Tijuana hasta Chetumal, permitirá evaluar el desempeño de las instituciones de seguridad y justicia; identificar las buenas prácticas procesales y los funcionarios que no cumplen con sus responsabilidades, además de hacer más claro y sencillo el proceso penal.

Detrás de esta decisión del Senado hay un intenso trabajo de legisladores, operadores del sistema penal, organizaciones de la sociedad civil, connotados procesalistas penales y autoridades ministeriales y de impartición de justicia de los tres órdenes de gobierno.

En este ejercicio deliberativo, todos los involucrados hemos aportado lo mejor de nuestras capacidades y hemos demostrado el valor democrático del debate y la defensa de nuestras propuestas en el armado de este código procesal único. Aprendimos a reconocer los argumentos de quienes piensan distinto y logramos integrar un grupo plural y extraordinario de abogados y especialistas en el sistema penal acusatorio, quienes pusieron a disposición de los senadores sus conocimientos y experiencia para la revisión de los aspectos técnicos y procesales.

Entre estos especialistas destaca la participación de Carlos Ríos (Comisión Ejecutiva de Víctimas), Pablo González (Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua), Susana Camacho (Programa de Seguridad y Justicia), Jorge Emilio Iruegas (PGR), Jorge Nader (Coordinador de la Conferencia de Procuradores), Jorge Gutiérrez (INACIPE), Fabio Valdez (Centro de Asesoría y Capacitación sobre el Sistema Adversarial Mexicano), Rodolfo Félix (Ex-Procurador de Justicia del Distrito Federal), Alejandro Ramírez (Abogado litigante), Edgar Cortéz (Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia), Salvador Sandoval (Senado de la República), José Antonio Caballero (CIDE), José Nieves Luna Castro (Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito), Samuel González (especialista en el sistema acusatorio), Miguel Sarre (especialista en el sistema acusatorio), Rafael Estrada (INACIPE), Germán Castillo (SETEC), Agustín Sauceda (RENACE), Ernesto Canales (Red Nacional de Juicios Orales) y Marién Rivera (Senado de la República), entre mucho otros que hicieron posible esta iniciativa.

Como cualquier ordenamiento legal, el Código Nacional de Procedimientos Penales es perfectible y su aplicación requerirá de un marco reglamentario innovador, claro y eficiente, que contribuya a consolidar el nuevo sistema de justicia penal. De ahí que sea indispensable terminar con esta etapa legislativa para pasar a la fase de reglamentación, implementación y difusión de sus alcances y beneficios.

Ahora le corresponde a la Cámara de Diputados revisar el código aprobado por los senadores y cumplir con una de las principales exigencias de los ciudadanos en materia de justicia penal. Así lo hemos plasmado desde la sociedad civil, en la Agenda México 12.18, además de ser un compromiso asumido por el gobierno federal en el Plan Nacional de Desarrollo, el Consejo Nacional de Seguridad Pública y el Pacto por México.

Quedan pocos días para que el periodo ordinario termine, pero con voluntad política los diputados y sus coordinadores parlamentarios pueden lograr la aprobación de este código antes del 15 de diciembre. Confío en que así será.

Por: Alejandro Martí

Fecha de Publicación: 11 de diciembre del 2013

Fuente: Animal Político